Por José Gregorio Aguilar
La diputada local del PRI, Alejandra Cárdenas Castillejos, afirmó que ya suman 61 hombres y 11 mujeres, los que han sido denunciados por incumplimiento en el pago de pensiones para sus hijos menores de edad y por lo mismo, ya están inscritos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam) el cual se puso en marcha en diciembre pasado.
“Hay hasta el momento 72 personas, son hombres y mujeres registradas, lo ideal es que no hubiera nadie registrado en este padrón, pero lamentablemente sigue habiendo padres y madres incumplidas con el pago de pensiones”, explicó.
Y es que hasta el mes de septiembre, de acuerdo con la directora de las Oficialías del Registro Civil en la entidad, Silvia Nelly Valladares García, el Redam ya contaba con 52 personas que en su calidad de padres desobligados se había incorporado a este padrón.
Y con este aumento del padrón del Redam, Ale Cárdenas reafirmó que esta ley sí está funcionando y resaltó que cuando recién se publicó esta legislación, el Poder Judicial hizo un llamado a quienes tenían adeudo de pensiones con el fin de advertirles que serían dados de alta en ese padrón.
Recordó que estar inscritos en ese padrón, implica acciones más graves pues, entre otras cosas, estarían impedidos para tramitar la credencial del INE, pasaporte y prácticamente quedarían sin identidad porque están obligados a dar ese pago de pensiones.
En el caso particular de México, dijo, el registro de deudores alimentarios servirá para impedir que las personas que incumplen con sus obligaciones puedan salir del país, tramitar licencias de manejo, ocupar cargos en el servicio público y realizar operaciones de compraventa de inmuebles.
A este respecto, la legisladora priista recordó que el el Sistema Nacional DIF tendrá a su cargo la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias y contará con un plazo de trescientos días hábiles para su implementación, los cuales se cumplen el 2 de marzo de 2024.
Es importante mencionar que, además de todas estas restricciones a las que se hace acreedor un padre de familia que se niega a cumplir con sus hijos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación también prohíbe a los morosos alimentarios participar por un cargo de elección popular e incluso están impedidos a ocupar un cargo público.
