Japón comenzó a verter al Pacífico las aguas residuales de la central nuclear de Fukushima, que sufrió un grave accidente tras el terremoto y el tsunami de 2011.
Japón comenzó a verter al océano Pacífico las aguas residuales tratadas de la central nuclear de Fukushima, que sufrió un grave accidente tras el terremoto y el tsunami de 2011.
El Gobierno nipón asegura que el vertido es seguro y cumple con los estándares internacionales, pero la decisión ha generado una fuerte oposición tanto dentro como fuera de la nación, especialmente entre los países vecinos y los sectores pesquero y turístico.
Las autoridades japonesas aseguran que el agua que se verterá al mar tendrá una concentración de residuos radiactivos muy por debajo de los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el agua potable. Además, el agua se diluirá en agua marina y se dispersará por las corrientes oceánicas, lo que reducirá aún más su impacto.
El agua que se verterá al mar es el que se ha usado para refrigerar los reactores dañados y fue filtrada para eliminar la mayoría de las sustancias radiactivas, excepto el tritio y el carbono-14.
Expertos y activistas advierten que el vertido podría tener efectos nocivos sobre la vida marina, la cadena alimentaria, la pesca, el turismo y la salud pública.
Japón informó que se liberarán alrededor de 1.25 millones de toneladas de agua almacenada en más de mil tanques en el complejo nuclear durante los próximos años.
ONG´S EN CONTRA
Greenpeace ha denunciado que el vertido viola el derecho humano al agua y al medio ambiente sano y ha advertido de que podría tener efectos negativos a largo plazo en los ecosistemas marinos y la biodiversidad.
Mientras que la Asociación Nacional de Laboratorios de Biología Marina de Estados Unidos (NAML), ha llamado a detener el vertido al considerar insuficientes los datos aportados para justificar su seguridad.
El primer ministro japonés, Fumio Kishida, defendió la medida como “inevitable” para avanzar en la desmantelación de la central y aseguró que su Gobierno hará “todo lo posible” para garantizar la seguridad y la transparencia del proceso que tendrá una duración hasta el 2050.
