De acuerdo con el INE, se estima que 84.6% de los trabajadores que conforman el Servicio Profesional del órgano se quedarán sin empleo.
La reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, mejor conocida como plan B, dejará sin empleo a 84.6% del personal que conforma el Servicio Profesional del Instituto Nacional Electoral (INE), lo que equivale a que 2,175 personas, pese a que todas estas personas se encuentran en constante preparación para organizar elecciones locales y federales.
Por medio de un comunicado de prensa sobre las implicaciones de la reforma en materia electoral, el INE apuntó que de las 2 mil 571 plazas que conforman actualmente la estructura del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) del sistema del INE, las reformas contemplan mantener solo 396, por lo que alrededor de un 84.6 por ciento se quedaría desempleado.
De acuerdo con el Consejo del INE, una sustitución del personal profesional por contrataciones temporales, de gente que no se habrá sometido a estrictos procesos de selección como el concurso público para el ingreso al SPEN, “no permitirá garantizar la independencia, profesionalismo, solvencia técnica y compromiso de quienes se recluten de forma ocasional”.
También apuntó que con este recorte se estaría afectando los derechos laborales de personal que llegó a su cargo por “concurso público, que es evaluado, formado y capacitado de forma permanente”.
En ese sentido, el INE resaltó que también habría una afección económica para el INE, debido a que propone liquidar a miles de personas quienes por concepto de compensación por término de la relación laboral, tienen derecho legal a recibir tres meses de su remuneración y adicionalmente 20 días por cada año de servicio.
Asimismo, el INE considera que las reformas electorales aprobadas atentan contra el objetivo fundamental de un servicio civil de carrera, “que es la profesionalización de la función específica de ese cuerpo, en este caso, electoral”.
Por otro lado, apuntó que puede verse afectado el conteo de votos debido a la desaparición de los vocales de capacitación en los 300 distritos electorales, lo cual “implica dañar las tareas de educación cívica permanentes pero, sobre todo, no contar con el personal encargado de capacitar a 12 millones de ciudadanas y ciudadanos cada elección federal para integrar las Mesas Directivas de Casilla”.
De la misma forma, señaló que el desarrollo del voto electrónico planteado en el proyecto de reforma se supedita a los resultados derivados de una comisión que deberá crear el Congreso con la participación del INE y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), cuyos resultados estarían disponibles en cinco años. Incluir una agencia gubernamental en los trabajos y procedimientos del INE es contrario a la autonomía del Instituto.
El INE consideró que incluso los partidos podrían verse afectados, ya que en año de elección de la Presidencia de la República, el proyecto recorre el inicio de las precampañas de noviembre a la tercera semana de diciembre, pero no reduce su duración de 60 días ni los plazos para el registro de candidaturas. “Esto implicaría que no haya espacio entre el fin de las precampañas y el registro de candidaturas para llevar a cabo elecciones internas de los partidos ni para resolver posibles impugnaciones”, recalcó.
