A un año de la primera elección popular de jueces, Magistrados y Ministros en México, especialistas en materia constitucional y judicial dan su veredicto: la reforma impulsada por la Cuarta Transformación le dio el control sobre el Poder Judicial. La evidencia más visible es que el Gobierno federal ha dejado de perder litigios de alto perfil ante la Suprema Corte. Créditos fiscales multimillonarios, impuestos a empresarios críticos, bloqueos de cuentas bancarias y diversas reformas impulsadas por el oficialismo han sido resueltos en favor del Ejecutivo. La transformación del Poder Judicial comenzó formalmente el 1 de junio de 2025, cuando 881 impartidores de justicia fueron elegidos mediante voto popular. Desde entonces, el nuevo modelo también ha enfrentado problemas administrativos: protestas de juzgadores retirados por prestaciones pendientes, denuncias de falta de insumos en tribunales y la renuncia de funcionarios, incluidos dos elegidos en las urnas. «Me parece que las reformas tuvieron, desde su origen, el intento, por quedarse con el Poder Judicial de la Federación, dominar a la función judicial en todo el País», afirmó el Ministro en retiro José Ramón Cossío. A su juicio, la modificación constitucional se aprobó sin un diagnóstico serio sobre los problemas de la justicia, y los foros de discusión sólo sirvieron para validar una decisión previamente tomada. Las críticas son compartidas por el constitucionalista Diego Valadés, quien considera que la reforma y sus modificaciones posteriores configuran una «pseudo reforma» que eliminó pilares fundamentales del sistema judicial. «Lo lamentable es que en México se tomó una decisión radical de sustituir a todos los juzgadores federales, excepto a quienes aceptaron las reglas del juego electoral. Esta decisión eliminó la carrera judicial y la independencia judicial, y afectó la calidad de la justicia», sostiene. A los cuestionamientos se suma José Antonio Caballero, académico del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, quien identifica como la principal pérdida la desarticulación de la carrera judicial y del capital humano especializado que formó el Estado mexicano durante años.
