Por: José Medina
Ciudad Victoria.- Blanca Aurelia Anzaldúa Najera promueve una acción legislativa tiene por objeto fortalecer el marco jurídico en materia de seguridad pública mediante la incorporación de atribuciones específicas para la Secretaría de Seguridad Pública del Estado orientadas al diseño, implementación, coordinación y evaluación de estrategias permanentes de protección preventiva de la infraestructura educativa pública, así como establecer mecanismos institucionales de coordinación interinstitucional que permitan prevenir actos de robo, vandalismo y daño patrimonial en los planteles escolares de Tamaulipas.
Reiteró que la presente iniciativa propone fortalecer el marco legal mediante la creación de herramientas normativas que permitan consolidar una política pública permanente de prevención y protección de la infraestructura educativa, incluyendo la conformación de una Mesa Interinstitucional Permanente como mecanismo formal de coordinación estratégica entre las áreas competentes, permitiendo establecer una dinámica periódica de análisis, evaluación de resultados, emisión de acuerdos operativos y ajuste institucional de estrategias preventivas.
«En ese sentido, esta reforma busca transitar de una lógica reactiva hacia un modelo normativo de prevención institucional obligatoria, capaz de atender de manera focalizada uno de los problemas que afectan directamente el funcionamiento de las instituciones educativas públicas; dotar a la legislación estatal de herramientas claras, específicas y permanentes permitirá consolidar una política pública orientada a anticipar, reducir y erradicar progresivamente este tipo de afectaciones».
Y es que actualmente no existe dentro de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Tamaulipas una disposición expresa que mandate a las autoridades competentes implementar acciones especializadas, permanentes y focalizadas para la protección preventiva de la infraestructura educativa pública; dicha ausencia normativa provoca que la atención de estos hechos permanezca bajo una lógica predominantemente reactiva, atendiendo las consecuencias una vez consumado el daño, en lugar de desarrollar mecanismos estructurados de anticipación, vigilancia estratégica, evaluación periódica y coordinación institucional.
En su exposición de motivos, informó que las escuelas públicas trascienden su carácter de inmuebles administrativos o bienes patrimoniales sujetos de resguardo material, pues en ellas se materializa diariamente el derecho humano a la educación, reconocido constitucionalmente como uno de los pilares fundamentales para el desarrollo integral de las personas y para la transformación social del Estado; en consecuencia, preservar sus condiciones físicas y operativas constituye una obligación ineludible para las instituciones encargadas de garantizar el bienestar colectivo.
Denunció que en el Estado, durante los últimos años, diversas instituciones educativas públicas han enfrentado afectaciones recurrentes derivadas de actos de robo, vandalismo y daño patrimonial, particularmente relacionados con la sustracción de cableado eléctrico, equipos de climatización, material tecnológico, sistemas hidráulicos, mobiliario e infraestructura básica indispensable para la prestación del servicio educativo, conductas que generan consecuencias que trascienden el daño económico inmediato al impactar directamente en la operatividad escolar, en la continuidad de las actividades académicas y en las condiciones bajo las cuales miles de estudiantes reciben su educación.
Y cada afectación a un plantel escolar representa suspensión parcial o total de clases, reasignación presupuestal originalmente destinada al fortalecimiento pedagógico, afectaciones al personal docente y administrativo, además de repercutir directamente en la calidad educativa que reciben niñas, niños, adolescentes y jóvenes tamaulipecos; a ello se suma el debilitamiento de la confianza social en la capacidad institucional del Estado para proteger espacios fundamentales para el desarrollo de las comunidades.
«La protección de la infraestructura educativa pública constituye una condición indispensable para asegurar entornos escolares seguros, funcionales y adecuados para el aprendizaje, fortaleciendo al mismo tiempo la capacidad institucional del Estado en materia de prevención, legalidad y protección del patrimonio colectivo».
