Ciudad Victoria, Tamps.-
La reciente aprobación de la ley reina Tamaulipas prohíbe las terapias de reconversión ha generado un fuerte debate en la sociedad. Mientras grupos de derechos humanos celebran la iniciativa como un avance en la protección de la comunidad LGBTQ+, otros sectores consideran que se está limitando la libertad de quienes buscan cambiar su orientación sexual voluntariamente.
Juan Dabdoub Jacoman, presidente del Consejo Mexicano de la Familia, se pronunció en contra de la prohibición y calificó la medida como un acto criminal al negarles a las personas la posibilidad de recibir apoyo para modificar su identidad sexual.
“Esta iniciativa es de las más peligrosas que se pueden aprobar en una legislatura, porque la están haciendo sin ningún sustento científico y condicionan la vida de quienes desean un cambio”, afirmó.
Dabdoub sostiene que la homosexualidad no es una condición innata, y cita estudios científicos que, según él, descartan la existencia de un «gen gay». Bajo esta premisa, argumenta que si alguien adquirió su orientación de manera inconsciente, también podría modificarla conscientemente a través de terapias.
Por otro lado, defensores de los derechos LGBTQ+ y expertos en salud mental han advertido sobre los riesgos de estas prácticas. Diversos estudios han documentado que las terapias de conversión pueden provocar depresión, ansiedad e incluso pensamientos suicidas. La Organización de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud han condenado estos métodos al considerarlos dañinos y discriminatorios.
Activistas señalan que la orientación sexual no es una enfermedad ni una condición que requiera ser «corregida», sino una parte fundamental de la identidad de cada persona. En este sentido, la prohibición busca evitar prácticas que han sido calificadas como inhumanas en distintos países y proteger a quienes podrían ser sometidos a tratamientos psicológicos y físicos con consecuencias graves para su bienestar.
Mientras sectores conservadores abogan por la libertad de quienes desean acceder a estas terapias, especialistas y defensores de derechos humanos insisten en que su eliminación es un paso crucial para la protección de la comunidad LGBTQ+.
