Por José Gregorio Aguilar
El magistrado del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, Jorge Alejandro Durham Infante, opinó que quienes se encuentren inscritos en el Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) en Tamaulipas tampoco deberían ocupar cargos en el servicio público.
Al respecto, afirmó que comparte y celebra la iniciativa de la diputada Alejandra Cárdenas Castillejos, de exigir como requisito para obtener el cargo de Magistratura, Consejería, Juzgadores y Secretarías de Acuerdo, no encontrarse en el Registro de Deudores Alimentarios de la entidad.
Sin embargo, en su consideración, esa prohibición se debería extender a todo cargo, empleo, comisión de servicio público, en términos como lo señala la Constitución Federal, en la que también se puede incluir diputados, diputadas del Congreso de Tamaulipas, así como las secretarias del Ejecutivo Estatal, pudiera ser los titulares.
El funcionario hizo referencia a las reformas aprobadas por la Constitución Política del estado de Hidalgo, en la que cualquier persona deudora alimentaria, sentenciada por violencia sexual, familiar o por violencia política no puedan ser registradas como candidatas o candidatos a cualquier cargo de elección popular, ni ser nombradas para empleo, cargo o comisión en el servicio público.
Jorge Alejandro Durham Infante, Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, explicó que este antecedente legislativo fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el 16 de agosto del 2021, en el que establece como requisito para ejercer la titularidad de las dependencias y entidades del Ejecutivo del Estado de Hidalgo “no ser deudora o deudor alimentario moroso, salvo que acredite estar al corriente del pago, cancele esa deuda, o bien, tramite el descuento correspondiente”.
Reiteró que por tanto, no sólo a los altos cargos del Poder Judicial de Tamaulipas debe restringirse el acceso al cargo público cuando cuenten con un adeudo alimentario, sino que todos los operadores jurídicos de Tamaulipas -incluso las Diputaciones Locales y titulares de las Secretarías de Estado- debería contemplar esa exigencia legal, al tratarse de una visión de Estado la protección de niñas, niños y adolescentes.
