Por: Dr. Jorge A. Lera Mejía
La desigualdad social, económica y educativa es un problema estructural en la mayoría de los países, principalmente de habla hispana, que produce mayor diferenciación de las clases sociales y una mayor desigualdad y pobreza económica, considerándose el “Mal del Siglo XXI” por el economista francés Thomas Piketty (El Capital en el Siglo XXI, FCE, 2014).
La sociedad enfrenta a un triple desafío, atender las causas de la desigualdad social, atender los efectos de la desigualdad económica en las clases sociales, y en medio de todo esto, ver cómo influye la desigualdad educativa en la falta de acceso a una educación de calidad, al enfrentar esta problemática, para disminuir las asimetrías entre las clases pobres y ricas de un mundo global con tendencias a un renovado proteccionismo.
Un aspecto fundamental, es considerar que por medio de una educación de calidad y accesible a todos los niveles, se podría evitar la ampliación de las desigualdades que amenazan a las economías y determinan una forma de esclavitud moderna, debido que a los más pobres les damos la peor educación posible, por ello la desigualdad social profundiza la desigualdad escolar, pues cada vez que se pasa de un nivel escolar a otro, quedan menos estudiantes y son los que tienen mejor nivel económico.
La sociedad debe atender las desigualdades de acceso a la educación y, al enfrentar la problemática, debe aumentar la calidad de la educación que se brinda en las aulas (Gil Antón, 2016).
DESIGUALDADES EDUCATIVAS EN MÉXICO:
Según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), 6.4 millones de niños, niñas y jóvenes no asisten a la escuela. Una de las principales barreras para el desarrollo económico y social de México es la desigualdad educativa, entendida como las diferencias en el acceso, los recursos didácticos disponibles, la infraestructura y la calidad educativa a la que accede la comunidad educativa.
De acuerdo con el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), la desigualdad educativa en México rebasó el promedio de la región latinoamericana y del mundo en 2023.
Para identificar las desigualdades a las que se enfrentan los estudiantes mexicanos, el IMCO presenta un panorama general de los obstáculos educativos para los estudiantes, así como algunas propuestas para cerrarlas. México necesita un sistema educativo que genere en sus estudiantes las habilidades necesarias para el futuro, pero también uno que garantice la igualdad educativa en términos de acceso, permanencia y calidad en el país.
DESIGUALDAD EN ACCESO A EDUCACIÓN:
En México hay 34.8 millones de niños, niñas y jóvenes entre tres y 18 años que, por su edad, deberían asistir a la educación obligatoria. De ellos, 6.4 millones no asisten a la escuela (18%). La mitad de los estudiantes que no logran acceder a la educación formal pertenecen a algún grupo desfavorecido, tales como las comunidades indígenas, personas con discapacidad, población rural y afrodescendiente.
La población que enfrenta mayores obstáculos en el acceso se da entre las personas que hablan alguna lengua indígena, ya que, de ellas, casi tres de cada 10 no asisten a la escuela. Esto representa una diferencia de nueve puntos porcentuales en comparación con aquellos que solo hablan español. Estas poblaciones enfrentan barreras estructurales, como el idioma, la falta de infraestructura, la lejanía de planteles o las normas sociales, que limitan su acceso a una educación de calidad.
Desigualdad en la permanencia a la educación:
Otro obstáculo para cerrar las brechas educativas es la falta de permanencia en la educación, es decir, los estudiantes abandonan la escuela antes de concluir la educación obligatoria. En México nueve de cada 10 estudiantes que inician la primaria logran llegar a la secundaria, pero la proporción se reduce a siete entre estudiantes de habla indígena y a seis entre jóvenes con discapacidad.
Conforme avanza el camino hacia la educación superior, las diferencias se profundizan. Solo uno de cada tres jóvenes que inició la primaria logrará llegar a la universidad, sin embargo, esta cifra se reduce a cuatro de cada 100 entre las personas con discapacidad y a tres de cada 100 de aquellos que hablan alguna lengua indígena.
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