En mayo se contabilizaron 973 víctimas de extorsión, la cifra más alta del año y la segunda con más víctimas de que se tenga registro.
Un promedio de 31 personas fueron víctimas de dicho delito diariamente en el país, el mes pasado, eso solamente las que lo denunciaron antes las fiscalías o procuradurías estatales, según las cifras más recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
De enero a mayo, suman un total de 4 mil 445 víctimas de extorsión, de los cuales en mayo se contabilizaron, 973; marzo, 944; abril, 866; enero, 841; febrero, 821.
Las entidades con más víctimas de extorsión son: Estado de México, mil 643 víctimas; Guanajuato, 382; Nuevo León, 339; Veracruz, 339; Jalisco, 287; Ciudad de México, 220; Hidalgo, 142.
Desde el lunes se ampliaron oficialmente las facultades de la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase) para investigar los delitos de extorsión y trata de personas, considerados de alto impacto.
De esta manera, la oficina desconcentrada de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), creada en 2014, se transformó en la Coordinación Nacional Antisecuestro y Delitos de Alto Impacto, por decreto del Presidente Andrés Manuel López Obrador publicado el 19 de junio en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
La nueva Conase tiene por objeto coadyuvar en la prevención de los delitos de secuestro, extorsión y trata de personas, bajo la conducción y mando del Ministerio Público, así como auxiliar en su investigación cuando así lo requiera la Fiscalía General de la República (FGR).
Para cumplir sus objetivos, la oficina encabezada por Marco Antonio Vargas González debe trabajar en coordinación con la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas en las atribuciones que esta tenga conferidas.
Un Comité Especial de Seguimiento y Evaluación, integrado por representantes de la SSPC, Sedena, Marina, Conase, Centro Nacional de Inteligencia, Guardia Nacional y de la sociedad civil, vigilará las acciones para prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos de secuestro, extorsión y trata de personas.
