Por José Gregorio Aguilar
El presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) Cuauhtémoc Rivera reveló que al correr del primer trimestre del presente año, la extorsión está flagelando con mucha fuerza a 22 estados del país.
Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato y Guerrero, así como Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
Esas son las entidades que conforman la geografía con las mayores tasas de actividad delincuencial, convirtiéndose de facto en la caja chica que obtienen las bandas de las extorsiones que cobran a los pequeños, medianos e incluso grandes negocios.
El cobro mínimo por derecho a piso es de $500 pesos a la semana, por lo que un pequeño comercio de abarrotes atacado por este flagelo llega a pagar hasta $2,000 pesos mensuales para que lo dejen trabajar, cifra que representa el 20% de su utilidad mensual; sin embargo, este cobro puede alcanzar un techo de hasta $50,000 pesos dependiendo el giro del negocio.
“Colima, entidad perdida en la agenda pública, seguido de Zacatecas y Quintana Roo, son los Estados más violentos del país en este desfile de extorsión que impregna a la República como el moho que provoca la corrosión, un verdadero cáncer donde lo más preocupante es que estamos transitando a un estadio de su normalización. Son pocos los países del mundo donde esta situación ocurre y en México, más allá de su evidente existencia, se está terminando de instalar en el contrato social, una suerte de resignación y aceptación reina en el ambiente, nos estamos dando por derrotados ante estos embates de criminalidad”, declaró Rivera.
Las consecuencias que provoca la extorsión a la sociedad en el campo de la economía y la convivencia son muy graves. En el ámbito económico, abate la fuerza emprendedora de la ciudadanía, ya que ataca directamente en todos los giros de negocios a aquellos que día a día se esfuerzan por encontrar márgenes de utilidad aceptables y puntos de equilibrio que les permitan mantenerse abiertos al servicio de los consumidores.
“La extorsión se dirige con total impunidad a esos negocios que son productivos y tienen vigencia en el mercado, es un impuesto ilegal e inmoral que cobra por el derecho a trabajar y fomenta la criminalidad para fondear las finanzas de las pandillas delincuenciales que azotan tres cuartas partes del territorio nacional, con un saldo rojo púrpura”.
