Agencias de aduanas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, protección fronteriza y control migratorio han realizado «compras masivas de datos de ubicación» de celulares de estadounidenses sin una orden judicial, aseguró este lunes la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU).
Los archivos, obtenidos por ACLU el año pasado, a través de una demanda en curso de la Ley de Libertad de Información (FOIA), «arrojan más luz sobre la capacidad del gobierno para obtener nuestra información más privada simplemente abriendo la billetera federal», afirmó la organización en un blog.
En 2020 The Wall Street Journal ya informó que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) compraron sin orden judicial datos para acceder a la ubicación confidencial de ciudadanos.
A raíz de esta publicación, ACLU presentó una demanda para obligar a las agencias a brindarle información.
Los archivos demuestran que el DHS usó «millones de dólares de los contribuyentes (…) para comprar acceso a la información de ubicación de teléfonos celulares» de ciudadanos -estadounidenses y extranjeros– a través de datos que le vendieron las empresas Venntel y Babel Street, añadió.
Según la ACLU, se compraron «cantidades masivas» de información a pesar de que la Corte Suprema de Estados Unidos protege los datos de ubicación de teléfonos móviles contra el acceso del gobierno sin una orden judicial.
«La Corte Suprema ha dejado claro que debido a que el historial de ubicación de nuestro teléfono celular revela muchas privacidades, merece la protección total de la Cuarta Enmienda», afirmó Nathan Freed Wessler, de la ACLU, en un comunicado publicado este lunes.
La Cuarta Enmienda a la Constitución de Estados Unidos protege a los ciudadanos de registros y aprehensiones arbitrarias.
Según Shreya Tewari, también de la ACLU, los archivos demuestran que el gobierno ha intentado «lavarse las manos de cualquier responsabilidad en la compra» de datos en los casos en los que hubiera necesitado una orden judicial.
La ACLU asegura que el volumen de información confidencial que consiguió el DHS es «asombroso».
Pone como ejemplo un periodo de tres días de 2018. En este tiempo adquirieron archivos que contenían alrededor de 113.654 puntos de ubicación (más de 26 por minuto) solamente en un área del suroeste de Estados Unidos, que no precisa.
La organización de la defensa de las libertades civiles estima que estos documentos son «una prueba más» de que el Congreso necesita aprobar una ley que ponga fin a esta práctica.
El martes el Comité Judicial de la Cámara de Representantes examinará el acceso del gobierno a los datos personales de los estadounidenses.
