Por José Gregorio Aguilar
Mexicanos Primero exige a la SEP que el tan anunciado aumento de más de 650 millones de pesos de presupuesto para atención de niños, niñas y jóvenes (NNJ) con discapacidad para 2022 llegue a las y los estudiantes.
Los recortes al ejercicio del presupuesto para estudiantes con discapacidad, muestra, una vez más, que para las autoridades no significan una preocupación y les dejan de nuevo rezagados en su derecho a aprender.
Fernando Ruiz, director de investigación, dijo que al menos 60 por ciento de los 715.9 millones de pesos aprobados para atender este año a las y los estudiantes con discapacidad no fueron ejercidos en el periodo enero-mayo de 2022. Dichos recursos ya no llegarán a su destino y se pone en riesgo la atención y el aprendizaje de más de 170 mil estudiantes, incluyendo los de Tamaulipas, con diversas condiciones de discapacidad durante el segundo semestre del año.
De acuerdo con un análisis de Mexicanos Primero sobre el ejercicio del presupuesto de 2022, el avance de enero a mayo reportado por la Secretaría de Educación Pública muestra que el programa Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial tuvo un recorte de 430.9 millones de pesos ya que de 433.1 millones que tenía autorizados para ejercer en este periodo el monto disponible para distribuir se redujo a 2.2 millones.
Esto implica una dramática disminución en los recursos para la atención a este grupo tradicionalmente excluido. El 3 de diciembre pasado, en el marco del día internacional de las personas con discapacidad, la secretaria de Educación, Delfina Gómez, anunció el aumento histórico de más de 650 millones de pesos a educación especial para 2022.
En el comunicado conjunto de la SEP no. 43 se anuncia que, a diferencia de los 58 millones ejercicios en 2021, para 2022 habría una bolsa de “más de 715 millones de pesos”, que serían utilizados para apoyar a todas las instituciones y centros que otorgan servicios para ese modelo educativo, nivel básico. Sin embargo, de enero a mayo sólo se ejercieron 2.2 millones para dichos servicios.
Este impacto negativo pone en riesgo no solo proyectos educativos que se planearon en los estados del país pensados en dicho presupuesto, sino también y principalmente, el desarrollo y aprendizaje de niñas, niños y jóvenes con discapacidad quienes padecieron mayores retos durante la pandemia y el regreso a las clases presenciales.
