Por: Lic. Teresa Medina Marroquín.
El tema que terminó por detonar esta semana en la agenda de medios fue el de la presa El Cuchillo, cosa que no llega a ser una “guerra del agua” como algunos medios regionales quieren hacerlo ver. Hay que hacer algunas precisiones, comenzando con la anterior porque aunque hay poco recurso en Tamaulipas y en Nuevo León, tampoco estamos ante una crisis de mayores dimensiones, como ya ocurrió en años anteriores no muy lejanos.
Primero habría que precisar que compramos eso de que fue el gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien convenció al Gobierno federal de no autorizar el trasvase a la presa Marte R. Gómez, en la frontera de nuestro estado, porque todo apunta al poder económico de la zona metropolitana de Monterrey, lo que nos llevaría a recordar que la máxima prioridad para la distribución del recurso agua debe de ser el consumo humano. Aclarado ese punto tenemos que reconocer que hace bien la Conagua si la decisión está tomada bajo esta premisa.
Nos explicamos mejor al decir que si tomar agua de la presa en Nuevo León significa quitarla a la gente de Monterrey y municipios conurbados, poniendo en peligro el abasto para consumo humano, entonces la decisión estuvo bien tomada. Pero el problema es que siempre hay que sospechar de terceros interesados y en este caso son los industriales y empresarios en general de aquel estado; en este sentido, si ellos fueron los que presionaron para no tener problemas de agua para sus fábricas entonces sí estamos ante otro dilema.
PRODUCTOS INDUSTRIALES O ALIMENTARIOS
El punto es que el convenio entre Federación, Tamaulipas y Nuevo León se firmó tomando en cuenta que el agua que debe se debe de trasvasar de El Cuchillo a la Marte R. Gómez es para riego agrícola. En este sentido las autoridades federales deben dejar en claro que no entregar el agua a Tamaulipas es porque será estrictamente para el consumo de los habitantes de la zona metropolitana de Monterrey, desmarcando totalmente que pueda ser para las industrias y demás empresas que sostienen la economía de aquel estado.
Y es que no sería justo que se dejara de producir toneladas de alimentos en la zona norte de Tamaulipas por no afectar la producción de diversas mercancías, así sea solamente sorgo, el cual no es precisamente para consumo humano. Son alimentos y, por tal, volviendo a las prioridades esta producción lleva mano que la industrial, porque de ella depende la alimentación de una gran parte de los mexicanos.
Imaginamos a algunos empresarios diciendo que si Nuevo León deja de fabricar tales productos estos no pueden sustituirse y se afecta la cadena de suministros internacional, por lo que es más fácil comprar el sorgo en otros estados para la alimentación de ganado en otras regiones del país. Por eso sería más fácil y económico indemnizar a los productores tamaulipecos, lo cual sería un error porque se pondría en primer lugar las ganancias económicas que la alimentación, además de las consecuencias que tenga dejar la tierra uno o varios ciclos sin sembrar.
En síntesis, más allá de las acusaciones políticas que están lloviendo en ambos estados del noreste del país, lo que se necesita es claridad en la toma de decisiones porque hasta donde leímos el escueto comunicado de la Comisión Nacional del Agua sí habrá riego para los agricultores de nuestro estado, algo que nadie ha comentado en sus encarnizados debates mediáticos. Estamos a tiempo de no desgastar las relaciones entre Nuevo León y Tamaulipas, algo que a nadie conviene, en verdad, por lo que la situación amerita una explicación más abundante del Gobierno federal.
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