Por José Gregorio Aguilar
El Gobierno del Estado, sí así lo decide, podría actuar en consecuencia contra los maestros de la Sección 30 del SNTE que desde el pasado martes pararon labores exigiendo la destitución de la secretaria de Educación Lucía Aimé Castillo Pastor como condición para dialogar y negociar sin importarles que gran parte de sus peticiones se están resolviendo favorablemente.
Los huelguistas no siguieron los procedimientos establecidos en la Ley como por ejemplo, antes de haber suspendido las labores, los trabajadores tendrían que haber presentado ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA) su pliego de peticiones y con la copia de la asamblea de trabajadores en que se haya acordado realizar dicha huelga.
Posteriormente, el presidente del TFCA cuenta con 72 horas para determinar si la huelga es o no legal, en función del cumplimiento de los requisitos; después, el Tribunal notificará a la dependencia a quien correspondan las peticiones para que respondan dentro del plazo de 10 días.
Si la huelga es legal se cita a las partes a una junta de avenimiento para iniciar el procedimiento de conciliación y si transcurrido el plazo de los 10 días no se ha llegado a acuerdo entre las partes, los trabajadores pueden suspender las labores.
Si los trabajadores suspenden labores antes de los 10 días referidos, el Tribunal declarará que no existe estado de huelga; se otorga a los trabajadores 24 horas para que reanuden labores, en caso de no hacerlo quedan cesados sin responsabilidad para el Estado. Ahora bien, Ley Federal para los Trabajadores al servicio del Estado, establece como requisitos para declarar una huelga:
1. Que se precisen los derechos violados y la sistematicidad con que se han generado.
2. Que se declare por las dos terceras partes de los trabajadores de la dependencia afectada.
La remuneración de los trabajadores al servicio de la educación se compone de aportaciones federales y locales, en diferente proporción según la categoría, pero el Estado aporta para su salario.
