Enrique Jonguitud
Ciudad Victoria, 12 de agosto.-El Congreso de Tamaulipas aprobó una corrección a la reforma de la Ley de Entidades Paraestatales, eliminando la disposición que ordenaba la desaparición automática de varios institutos públicos del estado. Con esta medida, los titulares de las secretarías estatales tendrán la facultad de decidir el futuro de dichos organismos.
La derogación del artículo séptimo del decreto 66-370, publicado originalmente el 10 de julio de 2025, abrió la posibilidad de mantener en operación institutos como el de Cultura, el del Deporte, el de la Juventud y el de las Mujeres, que estaban en riesgo de desaparecer automáticamente con la reforma inicial.
La diputada local Blanca Anzaldúa, del partido Morena, afirmó que “el objetivo principal de la reforma era implementar esquemas de austeridad”. La legisladora precisó que estas medidas buscan mejorar la eficiencia operativa y fortalecer la gestión pública del estado.
Durante la discusión del dictamen en una sesión pública extraordinaria celebrada el 8 de julio, el Congreso aprobó el decreto, pero se introdujo una reserva específica a los artículos 12 y 20, explicó la diputada. Esta reserva planteó modificaciones para evitar una aplicación automática de los cambios estructurales.
La corrección propuesta establece que será responsabilidad del titular de cada secretaría, en coordinación con el Ejecutivo estatal, determinar el nivel jerárquico de las personas encargadas de las entidades paraestatales, considerando criterios como el presupuesto asignado, el volumen de trabajo y el número de empleados.
La reforma original establecía que los nombramientos de los directores generales quedarían automáticamente reducidos al nivel de directores de área, lo que implicaba la desaparición de los institutos. Sin embargo, la nueva versión deja abierta la posibilidad de conservar dichas estructuras administrativas.
El Congreso consideró que esta enmienda permite mayor flexibilidad en la organización del aparato estatal, evitando decisiones unilaterales que afecten la operación de institutos con funciones sociales relevantes.
Con esta modificación, el Congreso de Tamaulipas buscó resolver las posibles contradicciones legales generadas por el artículo 7 del decreto original y garantizar una transición más ordenada y justificada en el manejo de las entidades públicas.
