CIUDAD DE MÉXICO.- “Los únicos intereses reales que quiero defender en la Procuraduría de la República son los de la sociedad mexicana. Atenderé todos los casos que se presenten, atendiendo a la ley. Trabajaré con la ley en la mano”, reafirmó la titular de la PGR, Arely Gómez.

En entrevista telefónica con Adela Micha, la nueva procuradora general de la República insistió en que las trayectorias profesionales de ella y de su hermano Leopoldo Gómez, alto funcionario de una televisora, no tienen vinculación alguna.

La funcionaria federal se refirió a temas federales de capital importancia en el país, como son los casos Ayotzinapa, Tlatlaya y el de la exlideresa sindical de los maestros, Elba Esther Gordillo.

Sobre el caso de los normalistas desaparecidos, mencionó que en su momento se hizo una“investigación seria, profunda y exhaustiva”, y que el expediente principal ya fue consignado ante el Poder Judicial de la Federación.

Explicó que a la PGR le corresponde ahora continuar con acciones pendientes, como es identificar a otros probables responsables y detener a otros involucrados en el caso.

Dijo que la primera acción que realizó en la Procuraduría sobre el caso Iguala fue reunirse con el grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investiga el expediente, el cual se pondrá a su disposición. “La PGR les dará todas las facilidades para que desarrollen su plan de trabajo. Hoy empiezan su trabajo en la SEIDO”, mencionó.

Al referirse al caso Tlatlaya, en el que 22 detenidos murieron ejecutados por elementos del Ejército, explicó que la CNDH en enero hizo una reclasificación del expediente como violación grave de los derechos humanos.

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También aludió al caso de la exlideresa del SNTE Elba Esther Gordillo, encarcelada desde hace dos años, y señaló que el juez determinará si se le concede prisión domiciliaria.

Arely Gómez argumentó que el Ministerio Público federal se opuso a esa posibilidad, porque los delitos por los que se le acusó a Gordillo Morales son graves y porque los padecimientos que señala “no están vinculados a la prisión preventiva”.

“El tema ya no está en manos de la PGR. Será el juez quien tendrá la decisión” sobre si se le da la prisión domiciliaria, detalló.

Lo que sí dejó en claro es que “estaremos atentos a la determinación y seremos respetuosos del dictamen final”.

Aunque explicó que “no debemos confundirnos con que la acusada quedará en libertad”, pues “debe rendir cuentas por los delitos que enfrenta”.

Finalmente, dijo que la PGR no se meterá en temas electorales, sólo en lo que le corresponde a la Fepade, por lo que será respetuosa del proceso electoral en curso y su única participación será con apego a la legalidad, “sin tinte político”.