Por: Mtra. Nohemi Argüello Sosa.
En el engranaje complejo de la democracia representativa, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha emergido como un actor clave en la búsqueda de una representación política equitativa. Bajo esta premisa, el INE ha implementado acciones afirmativas que buscan visibilizar y potenciar la participación de grupos históricamente marginados en la arena política.
Nuestra democracia representativa adoptada como una forma práctica de la democracia de la antigua Grecia, es necesaria para lograr una representatividad en la toma de decisiones en naciones compuestas por millones. No obstante, este sistema, basado en mayorías, a menudo relega las voces de las minorías; para quienes se diseñaron acciones afirmativas que faciliten su representación en los órganos de gobierno y poderes legislativos.
En este sentido, el INE aprobó nuevas acciones afirmativas, que se suman a las aprobadas en 2021, para el registro de candidaturas de personas indígenas, afromexicanas, con discapacidad, de la diversidad sexual y migrantes, en el Senado, en acatamiento a una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
El Tribunal mandató que se aprobaran nueve acciones afirmativas para el Senado: en los primeros 15 lugares de la lista, se postularán a una persona migrante, otra a la población indígena, y una tercera a personas con discapacidad; en los cargos de mayoría relativa, un lugar será para personas de la diversidad sexual, otro a personas afrodescendientes, y cuatro para personas indígenas en entidades donde más del 30% de la población es reconocida como integrante de los pueblos originarios, tales como Campeche, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo y Yucatán. En cuanto a las acciones afirmativas para personas de la diversidad y afrodescendientes en mayoría relativa, estas podrán participar en entidades con distintos niveles de competitividad: una en alta y otra en baja competitividad.
No obstante, este avance democrático, para quienes defienden la “meritocracia”, el árbitro electoral no va en la dirección correcta, desconociendo el impacto positivo de estas acciones afirmativas en beneficio de toda la sociedad.
La participación activa de las minorías en la política y la toma de decisiones permite la construcción de una sociedad justa e igualitaria; de ahí lo imperativo de asegurar la representatividad de todos los sectores y evitar la exclusión, y asegurando su participación en las decisiones políticas que los afectan.
Aun cuando existen requisitos específicos para cubrir estos espacios, el reto del INE radica en verificar que las personas postuladas verdaderamente pertenezcan a los grupos en situación de vulnerabilidad, evitando así la usurpación de estas candidaturas, y el acallamiento de la voz de las minorías. Sin inclusión no hay democracia.
¿Usted, qué opina?
