La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló esta tarde la primera parte del paquete de reformas a la normatividad electoral, conocidas en conjunto como “Plan B”, lo que significa una derrota, parcial por ahora, para el obradorismo.
El órgano colegiado estableció que los elementos bajo los que se aprobó la primera parte de dicho paquete presentan irregularidades, entre ellas, la más grave, es que se votó sin conocer el contenido de la iniciativa.
“Por violaciones graves al procedimiento legislativo, con mayoría de 9 votos, la Corte declara invalidez del 1er decreto de las reformas político-electorales 22/23, que modifican las Leyes Generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas”, se puede leer en un tuit emitido por la página oficial de la SCJN.
Norma Piña, presidenta de la SCJN, fue el noveno voto que permitió invalidar el decreto del Plan B. De acuerdo con la ministra, el Congreso no tuvo el tiempo suficiente para conocer la iniciativa de ley. Agregó: “Vivimos en una democracia constitucional” y nada está por encima de la ley.
Este es el primer revés de la Suprema Corte al Plan B de López Obrador, como se llama al nuevo paquete de reformas legales que el Presidente propuso después de que el año pasado fracasó su iniciativa constitucional que buscaba reemplazar al INE.
En su totalidad, la reforma recorta 3 mil 500 millones de pesos, elimina el 85% del servicio profesional electoral, y permite al Ejecutivo intervenir en el padrón electoral, lo que afectaría las elecciones presidenciales de 2024, según un análisis del Instituto de Investigaciones Jurídicas.
La Suprema Corte aún debe analizar el resto de las impugnaciones que la oposición y el INE han realizado contra el Plan B.
De qué trata el primer paquete de reformas electorales
Después de que el paquete de reformas se diera a conocer, el entonces consejero presidente, Lorenzo Córdova, realizó un análisis de la iniciativa. Dentro de los resultados se observó que la nueva reforma generaba daños al sistema electoral y a la estructura del Instituto.
El análisis también informaba que que las modificaciones de la Ley General de Comunicación Social y la Ley de Responsabilidades Administrativas modificaban el juego establecido durante el sexenio de Vicente Fox y permitían que personajes públicos se pudieran promocionar aún en temporadas de elección y bajo el subsidio del gasto público.
En esta reforma, la modificación que más resalta es el de “propaganda gubernamental”, el argumento que los servidores públicos podrían presentar es que estaban ejerciendo su libertad de expresión y no creando propaganda política.
Ayer, Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) difundió un comunicado en el que mencionó que la forma de juzgar las impugnaciones de ley son diferentes dependiendo de quien se trate. Alegó que las reformas hechas antes de la 4T, y que pertenecen a un orden “neoliberal”, son juzgadas de manera diferente.
Dentro de su comunicado, la CJEF también mencionó que, de declararse inconstitucional la reforma electoral la SCJN no estaría respetando la división de poderes.
“Al tratarse de un poder derivado, sin legitimación popular, la SCJN no debe restringir las atribuciones que la norma fundamental concede al Poder Legislativo para regular el trámite de elaboración de las normas, siempre y cuando sean resultado de la voluntad mayoritaria de los integrantes del Congreso de la Unión. De hacerlo, violará el principio de división de poderes y el equilibrio que debe existir entre estos”, se puede leer en el comunicado.
Presidencia pidió que las resoluciones fueran en orden
La SCJN inició hoy la discusión en torno a las reformas en materia electoral impulsadas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Dentro de la iniciativa se modifican cinco leyes y se agrega una más.
A este paquete de reformas se le ha conocido como el Plan B, fue creado tras la imposibilidad del Presidente por modificar la Constitución, la legislación de este plan fue aprobado en dos partes dentro del Congreso de la Unión.
En diciembre de 2022 se aceptaron las dos primeras leyes de este paquete; la Ley General de Comunicación Social y la Ley de Responsabilidades Administrativas.
Por su parte, el segundo paquete de reformas está integrado por Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial y se agrega la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación.
La segunda parte de este paquete de reformas ya fue impugnada por varios actores políticos, congresos, e instituciones electorales de diferentes estados. El proyecto correrá a cargo del ministro Javier Láynez Potisek, quien continúa admitiendo demandas en contra de la norma.
