Por: Lic. Nohemi Argüello Sosa.
No podrán ser registrada como candidata para cualquier cargo de elección popular, ni ser nombrada para empleo, cargo o comisión en el servicio público, aquella persona que:
Tengan sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos.
Por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa.
La ley fijará los casos en que se pierden, y los demás en que se suspenden los derechos de ciudadano, y la manera de hacer la rehabilitación.
Este texto es parte del contenido del dictamen sobre la 3 de 3 contra la violencia aprobado en la Cámara de Diputaciones, el día de ayer.
Una reforma que debió aprobarse por unanimidad, dada su trascendencia e impacto en el combate a las violencias de género.
Sin embargo, desde la votación en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputaciones, Anuar Roberto Azar Figueroa, Jorge Arturo Espadas Galván, Jorge Triana Tena, Santiago Torreblanca Engell y Marco Antonio Aguilar Coronado, todos diputados federales del Partido Acción Nacional, no apoyaron la aprobación de esta reforma, el pasado 27 de marzo.
El día de ayer, el dictamen de esta reforma recibió 25 abstenciones. De 480 diputadas y diputados asistentes, sólo 455 votaron a favor.
El orador de los abstencionistas fue el Diputado Fernández Noroña, quien argumentó una desproporción entre los delitos y las sanciones; llamó a que se suspendiera la votación y se regresara a el dictamen a la Comisión para atenuar las sanciones. Auguró que estas reformas serán usadas para sacar de la arena política a adversarios.
Ante estos argumentos, legisladoras señalaron que es tiempo de cuidar la calidad de las intervenciones en el Pleno o atenerse a las consecuencias legales.
Lamentable que, sin conciencia de la trascendencia de esta reforma, se haya perdido la oportunidad de mandar un mensaje contundente a violentadores y deudores alimentarios para poner un alto a la violencia contra las mujeres y las infancias.
Una trascendental reforma que, una vez vigente, dará paso a la “muerte civil” de violentadores y deudores alimentarios, sacándolos de los cargos de poder en el ámbito público.
¿Usted, qué opina?
